Por Redacción Perro Bravo
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En medio de las elecciones generales de 2023, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dio a conocer el caso llamado "Corrupción Semilla". Este caso se centró en la falsificación de firmas, incluyendo de personas fallecidas, en la constitución del partido político Movimiento Semilla, cuyo candidato presidencial, Bernardo Arevalo, desconocido para gran parte del país, sorpresivamente había pasado a segunda vuelta, según los resultados de las votaciones del pasado 25 de junio 2023, divulgados por el TSE.

Rafael Curruchiche, titular de la FECI, en un video difundido en las redes sociales del MP, informaba que el juez 7o de Instancia Penal, Fredy Orellana, había ordenado al Registro de Ciudadanos del TSE la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla como medida de prevención mientras avanza la investigación. Las relaciones entre tiempos y acciones también dicen mucho, y llamó mucho la atención que esta información fue dada a conocer después de que Arévalo, inesperadamente pasara a segunda vuelta con poco más de 653 mil votos. Esta situación levantó sospechas de estar siendo movida por intereses políticos y puso en tela de juicio la imparcialidad del Ministerio Público al dar a conocer este caso en ese momento, cuestionando el proceso electoral y las garantías democráticas.

La polarización social y las implicaciones judiciales, electorales y políticas:

Desde que el caso "Corrupción Semilla" se hizo público, la polarización social ha aumentado, y los ciudadanos se esfuerzan por entender las implicaciones judiciales, electorales, políticas, sociales y económicas de esta pugna por el control del Estado.

La falta de claridad sobre la imparcialidad del Ministerio Público ha generado inquietudes sobre los verdaderos intereses detrás de estas acciones judiciales. Se han señalado relaciones cercanas entre el MP y entidades como la Fundación Contra el Terrorismo, que ha sido criticada por su influencia en el sistema de justicia, generando preocupaciones sobre una alta dosis de ideologización que podría estar afectando la imparcialidad en las decisiones judiciales, como antes también fue criticada la Fundacion Myrna Mack, cuya cercanía con la ex fiscal general Thelma Aldana fue evidente en pronunciamientos en conjunto y en diversas colaboraciones, y la cual promovió los amparos que bloquearon la anterior elección de cortes lo que originó la alteración del orden constitucional que vive el país desde que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia excedieron su periodo constitucional hace mas de 4 años... y hasta la fecha continuan usurpando el cargo.

Desconfianza hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE):

La credibilidad del Tribunal Supremo Electoral también ha sido cuestionada debido a su actuación en el proceso electoral. Ha bloqueado varias candidaturas incluso después de la convocatoria a elecciones, mientras mostraba una aparente permisividad con otros candidatos, como el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien pudo inscribirse a pesar de tener múltiples solicitudes de antejuicio en su contra y realizar campaña anticipada usando la autoridad y recursos de la municipalidad, lo cual es prohibido por ley. Estas acciones han incrementado la percepción de parcialidad en el proceso electoral y han erosionado aun más la confianza ciudadana en las instituciones.

Esta permisividad del TSE hacia Neto Bran, al punto de facilitarle la colocación de varios empleados de la Municipalidad de Mixco en las juntas receptoras, puede explicarse en el hecho de que el esposo de la presidente del TSE, Irma Palencia, el señor Juan Carlos López Lam, fue beneficiado con un contrato en la municipalidad de Mixco por Q238 mil, De igual manera, compromete la imparcialidad de la autoridad electoral, las contrataciones por servicios profesionales, que suman Q35 mil 400, mediante las cuales también la subdirectora del Registro de Ciudadanos del TSE, Eleonora Noemí Castillo, fue beneficiada por la Municipalidad de Mixco en pleno año electoral .

La municipalidad de Mixco parece ser un fiel reflejo de la decadencia institucional y su carente credibilidad, y pone de manifiesto lo que los políticos están dispuestos a hacer con tal de aferrarse al poder, incluso a jugar a doble bando.

Nexos incómodos

Otro ejemplo que ilustra las relaciones políticas en Guatemala es el caso de Constantino Nicolau, empresario y operador político, quien ha sido beneficiado por la administración de Neto Bran con varios contratos de arrendamiento de inmuebles con la Municipalidad de Mixco, y también con la contratación de su hijo, Miguel Nicolau, como portero del Deportivo Mixco, ahora es el coordinador de la campaña de Sandra Torres para los municipios de Guatemala. Es decir, mientras se beneficia de contratos con la Muni Mixco, trabaja para la campaña de la UNE.

Así, muchos otros ejemplos de relaciones aportan abundantes perspectivas de los intereses que se mueven atrás de las acciones institucionales, como lo que implica la llegada de Manuel Baldizón a la sede del MP en horario nocturno, que fue evidenciada por manifestantes a favor de partido Movimiento Semilla que exigen la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.

Pero también existe otro tipo de relaciones que levantan sospechas de la parcialidad en las actuaciones dentro del sistema de justicia, como el hecho de que sea el mismo juez 7o de Instancia Penal, Fredy Orellana, el que avaló la persecución judicial de periodistas, incluyendo la captura del periodista José Rubén Zamora, una práctica que nos recuerda también a los jueces predilectos por la CICIG y la anterior administración del MP.

Tampoco se pueden pasar por alto las diferentes relaciones politicas de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a donde van a terminar todas las batallas legales electorales, o el hecho de que durante el proceso electoral haya sido beneficiado por las cortes, como antes lo fue Baldizón, Alejandro Sinibaldi, ex ministro de comunicaciones del gobierno del PP, lo cual confirma la máxima "en rio revuelto, ganancia de pescadores" y que contribuye a fortalecer la idea en el imaginario colectivo de que el actual sistema judicial está dejando que los corruptos se salgan con la suya y queden en libertad.

Las relaciones de funcionarios públicos con políticos y otros actores sociales en Guatemala son reveladoras de la complejidad política y la fragilidad institucional en la que se encuentra el país. La judicialización extrema de la política, junto con la desconfianza generalizada hacia las instituciones públicas, ha generado una crisis electoral y una profunda división en la sociedad. Los ejemplos presentados evidencian cómo estas relaciones pueden afectar negativamente la imparcialidad y la transparencia de las instituciones y minar la confianza de la población en el sistema democrático.

Para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el sistema democrático, es esencial garantizar la independencia y la integridad de las instituciones y evitar la instrumentalización política de la justicia y otros organismos estatales. Estemos atentos a las relaciones para entender las decisiones relevantes para la vida nacional.